España y el estado clientelar

Mientras nuestro pino sigue avanzando en su crecimiento poco a poco, nuestra España clientelar sigue debatiendo sobre galgos o podencos. Uno de los grandes males de España no viene de una mala formulación de las autonomías, ni siquiera por la falta de un proyecto común e ilusionante, aunque si es necesario encontrar ese proyecto de futuro, sino, como decía, viene de la creación de un estado clientelar, que ha favorecido todo tipo de corrupciones y que comenzó con el primer gobierno del PSOE, que continúo imparable con el primer gobierno del PP y ha continuado hasta nuestros días con cada nuevo gobierno. Un sistema clientelar que ha encontrado su réplica en los distintos gobiernos autonómicos y locales.
Tanto a nivel central como autonómico se ha ninguneado a funcionarios altamente cualificados para poner en su lugar a decenas o cientos de cargos de libre designación que no han hecho sino detentar puestos en la admnistración. Aquí y allá se han constituido instituciones, organismos y otros aparatos del estado con los que asegurar que los más fieles al partido, sus amistades y allegados tuvieran una vida con la que disfrutar de sus privilegios.
Desgraciadamente no se ha sabido crear una administración profesional cuyo único objetivo haya sido buscar el bien común. Quizás la limitación de los cargos electos a un número concreto de años en cualquiera de los niveles de la administración además de una alternancia y alternativas reales entre y a las diferentes fuerzas políticas podría acabar con este estado clientelar. Aunque  solo fuera por higiene política no es deseable que los diputados nacionales o autonómicos, los alcaldes y presidentes de comunidades extiendan durante décadas sus mandatos. Mandatos limitados en las instituciones tendría efectos positivos sobre los partidos tales como mayor permeabilidad y transparencia así como la exigencia de una sana competencia por los mejores.
Por supuesto esto tendría que venir acompañado por una reducción de todos aquellos organismos e instituciones de dudosa eficacia y necesidad a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Obvia decir que esos organismos e instituciones a reducir no están en el ámbito de la sanidad pública o la educación pública.